Estás usando un navegador desactualizado. Por favor actualiza tu navegador para una mejor experiencia de navegación.
A PERSONAL SERVICE, A GLOBAL COMPANY

SENN FERRERO
& ASOCIADOS

Breve tratamiento jurisdiccional de la representación aparente en el ordenamiento jurídico español, brasileño y suizo

SENN FERRERO & ASOCIADOS

Breve tratamiento jurisdiccional de la representación aparente en el ordenamiento jurídico español, brasileño y suizo

opinion

Breve tratamiento jurisdiccional de la representación aparente en el ordenamiento jurídico español, brasileño y suizo

| TAGS: Juan Prieto

Artículo originalmente publicado en el número 29 de la revista del Instituto Brasileiro de Direito Desportivo (IBDD)

  1. PreámbuloLa transferencia -temporal o definitiva- de un futbolista desde una entidad deportiva a otra se erige como un negocio jurídico complejo a la luz de las notas características que definen al mismo:
    • Tripartito: precisa -como no podía ser de otro modo- del consentimiento expreso de las tres partes intervinientes (club cedente, club adquirente y deportista).
    • Suscripción de diversidad de contratos: principalmente, terminación de la relación laboral vigente hasta ese momento entre el club vendedor y futbolista, contrato de transferencia que refleja formalmente la voluntad de las tres partes de materializar la transferencia, celebración de la nueva relación laboral entre club comprador y deportista, contratos de comisión, etc.
    • Marcado carácter internacional que impera en la industria del fútbol lo cual exige el conocimiento y la observancia estricta no solo del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores y de las regulaciones que emanan de las respectivas federaciones nacionales de los clubes implicados sino, adicionalmente, y con un mayor énfasis, de la legislación nacional de índole laboral, civil, mercantil y/o tributario del club de origen y del club de destino. Asimismo, igualmente resulta conveniente tener conocimiento de derecho suizo si el negocio jurídico se somete a legislación suiza y la resolución de controversias al Tribunal Arbitral del Deporte (“TAS-CAS”) con sede en Lausana, como viene siendo práctica habitual.
    • Plazos temporales limitados: los timings para gestar la operación son, con asiduidad, reducidos y la transferencia ha de cerrarse fugazmente haciendo que la conclusión del negocio jurídico se torne más ardua.
    En este escenario, en la contratación con entidades deportivas constituye una cuestión previa de esencial relevancia el aseguramiento de que el representante legal que actúe en nombre y representación de la entidad en la suscripción del negocio jurídico detente poderes suficientes y necesarios y/o que su actuación no exceda de los poderes que le fueron concedidos.No obstante lo anterior, frecuentemente no se otorga el tiempo conveniente a constatar la existencia del poder precisamente por la propia complejidad de la operación y la carencia de tiempo antes reseñada.Por consiguiente, cuando la contraparte no se encuentra en posición de garantizar que posee efectivos poderes de representación, la buena fe y la confianza en la parte contraria se convierten ineludiblemente en el recurso principal para la protección para aquellos contratantes que reúnen la condición de tercero de buena fe.Abundando en las anteriores consideraciones, el objeto del presente comentario reside en brindar al lector la concordante solución que diferentes instancias jurisdiccionales nacionales e internacionales han adoptado ante el siguiente interrogante: ¿cuáles son las consecuencias de una deficiente legitimidad en la representación de la contraparte cuando ésta ha creado la apariencia de gozar de poderes suficientes? ¿Es motivo de nulidad del contrato?
  2. La representación aparente en el ordenamiento jurídico españolLa representación aparente es aquella representación que resulta del comportamiento del representado, quien, con sus actos, tácitamente o con su aquiescencia, ha contribuido a crear la apariencia de poder, esto es, una situación fáctica en la que los terceros pueden confiar razonablemente1.Dicha figura jurídica no es baladí en cuanto que la representación sin poder o la insuficiencia de poder podría motivar la nulidad del contrato. En este sentido, el tenor literal del artículo 1.259 del Código Civil español reza:“Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal.El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante”.La jurisprudencia que dimana del ordenamiento jurídico español considera que debe ser mantenido en su contrato quien lo realizó de buena fe con un representante aparente, lo que, sin embargo, exige “que el tercero haya fundado su creencia de buena fe no en meros indicios sino en la consistencia de una situación objetiva, de tal significación o fuerza reveladora que el haberla tomado como expresión de la realidad no puede imputársele como negligencia descalificadora”.En este contexto, la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 503/2014 de 7 octubre (Sala de lo Civil, Sección 1ª), RJ\2014\5347, ha dictaminado en el punto 12 de los fundamentos de derecho el siguiente pronunciamiento:“De los hechos probados se desprende que, si bien el poder del Sr. Horacio para comprometer a la sociedad con la firma del aval cambiario y garantizar una deuda refinanciada de Clesa, era insuficiente, actuó bajo un mandato aparente. Esta figura se da cuando el mandante aparente, con su comportamiento, genera en el tercero con quien se relaciona la convicción de la existencia del mandato, corroborado por la actitud del mandatario que actúa frente al tercero bajo esta apariencia de representación.Como ya expusimos en nuestra anterior sentencia 707/2012, de 27 de noviembre, «la jurisprudencia hace tiempo que se hizo eco de la doctrina que entendía que debía ser mantenido en su contrato quien lo realizó de buena fe con un representante aparente (SSTS 24 de noviembre de 1989, 27 de septiembre de 1995, 31 de mayo de 1998, 18 de marzo de 1999 y, más recientemente, la Sentencia 266/2008, de 14 de abril). Para su apreciación, se exige que el tercero de buena fe haya fundado su creencia de buena fe no en meros indicios sino en la consistencia de una situación objetiva, de tal significación o fuerza reveladora que el haberla tomado como expresión de la realidad no puede imputársele como negligencia descalificadora. En este sentido, en la sentencia 266/2008, de 14 de abril, nos referíamos a que la confianza del tercero en la existencia del poder fuera razonable y no debida a su negligencia».En su virtud, reviste esencial transcendencia la existencia de hechos concluyentes en el comportamiento de la contraparte que contribuya a crear una apariencia en la que pueden confiar razonablemente los terceros, a los que se les protege en aras a la seguridad del tráfico jurídico. Y esa protección se les dispensa haciendo que quede la contraparte obligada frente al tercero de modo que se le impide alegar que carecía de un poder suficiente, ya que ha sido precisamente él quien le ha colocado en una situación tal que hacía razonable suponer que tal poder existía2.
  3. La representación aparente en el ordenamiento jurídico brasileñoLa teoría de la apariencia ha sido tratada por diversos órganos jurisdiccionales del siguiente modo:
    1. Sentencia del Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de 22 de fevereiro de 2016.O argumento utilizado pelo embargante na tentativa de desqualificar o título executivo não convence.O instrumento particular foi firmado pelo Presidente do Clube na época e por duas testemunhas, o que é suficiente para reconhecer a força executiva do título.É evidente que a credora não estava obrigada a analisar o estatuto social do clube para saber quem deveria assinar o título em nome do Santos Futebol Clube. Ora, quem debe respeito ao Estatuto são os próprios representantes e associados e não terceiros. Se era preciso que outro membro do Comitê de Gestão também assinasse o instrumento particular e se teria habido descumprimento ao artigo 65 § 2º alínea «b», do Estatuto Social (página 62, especificamente), não pode agora, quem foi omisso, beneficiar-se da própria torpeza.A boa-fé objetiva exigida em todos os contratos veda a manobra que o embargante quer utilizar nestes embargos à execução para tentar retirar a força executiva do instrumento particular; e, até pela teoria da aparência não há fundamento para desqualifica-lo, pois foi firmado pelo Presidente do Clube da época e por duas testemunhas. É só isto que exige o artigo 585 inciso II, do Código de Processo Civil, para formação do título executivo.
    2. Sentencia del Superior Tribunal de Justiça de 12 de junho de 2007. Recurso especial nº 681.856 – RS (2004/0114359-3).Em sede de apelação, além da impugnação relativa ao pacto em moeda estrangeira, o ora recorrente submeteu ao Tribunal de origem preliminar de nulidade da execução, em virtude do contrato que dá suporte à demanda ter sido subscrito apenas por seu então presidente, contrariando disposição expressa de seu estatuto, que, segundo alegava, impunha a participação do vice-presidente de finanças do clube, matéria que foi conhecida pela Câmara recursal, com base no § 3º, do artigo 267, do estatuto de rito, muito embora consistisse em inovação recursal, não sendo, contudo, acolhida qualquer das teses invocadas nas razões, culminando no improvimento do apelo.O recorrente, nas razões do especial, suscita, além de dissídio pretoriano, violação dos artigos 267, VI, e 585, II, ambos do Código de Processo Civil, sob alegação de que, muito embora exista a obrigação, o instrumento que a representa e que aparelha a execução não constitui título executivo, por defeito em sua constituição. Afirma, ainda, que o título não está apto a instruir demanda executiva, tendo em vista que a contratação se deu exclusivamente entre entidades esportivas nacionais, versando sobre atleta brasileiro, sem que houvesse, portanto, qualquer captação de recursos fora do Brasil, sendo vedada, nessas circunstâncias, a utilização de moeda estrangeira para realização do contrato, de acordo com a legislação de regência e com o entendimento jurisprudencial acerca da matéria.VOTOO EXMO. SR. MINISTRO HÉLIO QUAGLIA BARBOSA (Relator):2. Consoante acima relatado, busca o recorrente a declaração de nulidade do título que embasa a execução contra si proposta, em virtude de alegado vício na sua constituição, por faltar ao contrato de compra e venda dos direitos federativos de atleta profissional de futebol realizado com o recorrido, a assinatura do seu vice-presidente de finanças, a despeito de expressa exigência nesse sentido, imposta pelo estatuto do clube.Acerca da matéria, o Tribunal a quo emitiu as seguintes considerações:«Não merece prosperar a prefacial de nulidade da execução em razão de o contrato que a embasa ter sido subscrito somente pelo então presidente do clube embargante, pois a alínea “b” do inciso X do art. 76 do seu estatuto dispõe que compete ao presidente assinar juntamente com o vice-presidente de finanças os “cheques, cauções, ordens de pagamento, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas de fatura e título de crédito em geral”. Ou seja, inexiste em mencionado dispositivo qualquer vedação ao presidente subscrever isoladamente em nome do clube instrumento particular de compra e venda de jogadores, título executivo extrajudicial. Não se pode confundir os títulos de crédito, inciso I do art. 585 do CPC, com um instrumento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, inciso II do mesmo artigo, como pretende o embargante, ora apelante.Outrossim, não poderia o clube embargante se valer da própria torpeza, tentando afastar a força executiva de um título executivo extrajudicial através de um suposto vício que ele mesmo deu causa.Portanto, rejeito essa preliminar.»3. Incensurável o tratamento dado ao caso pela Corte de origem, não só pela distinção feita entre a natureza do contrato exeqüendo (art. 585, II, do CPC), face aos títulos executivos extrajudiciais relacionados na regra estatutária, cujo descumprimento teria o condão de inviabilizar o processo executivo, mas, principalmente, pela repulsa à invocação de suposto vício na constituição do pacto, levado a efeito pelo próprio executado, uma vez havendo o recorrido agido de boa-fé e alicerçado na teoria da aparência, que legitimava a representação social por quem se apresentava como habilitado à negociação empreendida.Nada mais natural, militando, na espécie, como milita, em favor do recorrido, a denominada teoria da aparência, que se preserve, até em respeito ao princípio da boa-fé contratual, o negócio jurídico, com a executividade que lhe é própria, uma vez obrigada a sociedade pelo ato de seu presidente.Nessa linha, confira-se o seguinte precedente:«PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 267, IV, DO CPC. ART. 535, II DO CPC.1. NÃO HA VIOLAÇÃO AO ART. 267, IV, C/C O ART. 12, VI, DO CPC, QUANDO O ACÓRDÃO, APLICANDO A TEORIA DA APARÊNCIA NA ELABORAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, ACEITA COMO PERFEITA REPRESENTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA SEM QUE TENHAM SIDO APRESENTADOS OS ESTATUTOS. O FATO DO OUTORGANTE DA PROCURAÇÃO VIR PRATICANDO ATOS CONTÍNUOS EM NOME DA EMPRESA, DEFENDENDO-A ATE EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, CARACTERIZA UMA PRESUNÇÃO QUE A REPRESENTA DE MODO LEGITIMO E TEM, PORTANTO, PODERES PARA CONSTITUIR ADVOGADO.2. (…)3. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.(REsp 147030/AM, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23.10.1997, DJ 15.12.1997 p. 66304, g.n.)»Denota-se, assim, que a almejada declaração de nulidade do título exeqüendo está nitidamente em descompasso com o proceder anterior do recorrente, valendo trazer à liça, o magistério de PONTES DE MIRANDA, segundo o qual “a ninguém é lícito venire contra factum proprium , isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a lei” (cf. Tratado de Direito Privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64).Já se disse, a propósito, que as relações obrigacionais são, em verdade, uma «fila» ou uma «série» de deveres de conduta e contratuais («Reihe von Leistungspflichten und weiteren Verhaltenspflichten»), vistos no tempo, ordenados logicamente, unidos por uma finalidade, portando esta um sentido único («sinnhaftes Gefüge»), que une e organiza a relação contratual, que é a realização dos intereses legítimos das partes («vollständigen Befriedigung der Leistungsinteressen aller Gläubiger»), ou, em última análise, a realização do objetivo do contrato e o posterior desaparecimento da relação («Erloschen») (LARENZ, «Lehrbuch des Schuldrechts», 1987, ps. 26/28, apud CLÁUDIA LIMA MARQUES, «Contratos no Código de Defesa do Consumidor», ed. R.T., São Paulo, 1999, ps. 107/108).Avulta referir, em acréscimo, as valiosas considerações tecidas pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar, (REsp 95.539/SP, QUARTA TURMA, DJ 14.10.1996 p. 39015), acerca do tema em questão:«(…) O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior».4. Diante desse quadro, interpretação que conferisse o desate pretendido pelo recorrente, no sentido de que se declare a inexeqüibilidade do contrato entabulado entre as partes, em razão de vício formal, afrontaria o princípio da razoabilidade, assim como o da própria boa-fé objetiva, que deve nortear tanto o ajuste, como o cumprimento dos negócios jurídicos em geral.Em síntese, o acórdão recorrido ofertou adequado deslinde ao embate, merecendo subsistir por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.5. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO ao recurso especial.É como voto.
  4. La representación aparente en el ordenamiento jurídico suizoLa ausencia de poderes en la suscripción de un negocio jurídico conduce a la nulidad del acto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.1 del Código de Obligaciones:“Where a person without authority enters into a contract on behalf of a third party, rights and obligations do not accrue to the latter unless he ratifies the contract”.El Tribunal Arbitral del Deporte se ha pronunciado recientemente sobre la figura jurídica de la representación aparente en el laudo arbitral CAS 2016/O/4555 Doyen Sports Investments Ltd. v. S.S. Lazio S.p.A. & Santos Futebol Clube de 26 de abril de 2017:
  1. Conclusión

    Bajo los parámetros jurídicos expuestos, cuestiones preliminares de notable sencillez como es el aseguramiento de que el representante legal de la parte contraria detente poderes suficientes y necesarios para formalizar en un contrato la voluntad de las partes, no constituye una materia aislada en la contratación con entidades deportivas.Como se desprende de las acotaciones que se acaban de referir, los pronunciamientos de las altas instancias jurisdiccionales de España y Brasil además del Tribunal Arbitral del Deporte son unánimes: el «representante aparente» debe ser considerado como un verdadero representante con poder suficiente y válido para el acto realizado siempre que en el tercero de buena fe se genere la convicción de la existencia de poderes suficientes, todo ello corroborado por la actitud de la contraparte que actúa frente al tercero bajo esta apariencia de representación.En ese orden de ideas, la representación aparente sólo puede ser invocada por el contratante que reúna la condición de tercero de buena fe, entendiendo por buena fe una razonable confianza en la existencia del poder y además que hubiera actuado diligentemente.En síntesis, a pesar que la teoría de la presentación aparente protege a los terceros contratantes de buena fe, sobre el tercero siempre recae la carga de comprobar los poderes del representante.

1 Instituciones de Derecho Privado. Tomo I Personas. Volumen 3º. BIB 2015\4054. Editorial Civitas, SA, Enero de 2015. ISBN 9788447053940.

2 Véase Sentencia núm. 388/2008 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 21ª) de 23 septiembre, AC 2009\163.

Queremos conocerte
Contáctanos

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción. Puede obtener más información en el apartado "Política de Cookies” de nuestra página web.

Sitio desarrollado por Zertior